El Consell de Mallorca propone multas por valor de 960.000 euros en un edificio de Palma dedicado al alquiler turístico ilegal

Se han notificado 12 sanciones por 80.000 euros en cada uno de los inmuebles que se ofertaba irregularmente

El Departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha propuesto y notificado 12 sanciones por valor de 80.000 euros cada una en un edificio de Palma dedicado al alquiler turístico ilegal. En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a 960.000 euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello. 

En concreto, el área de Sanciones del Departamento de Turismo ha iniciado estos expedientes sancionadores por infracción turística contra 12 pisos que se comercializaban en Palma, en concreto, en el distrito de Levante de la ciudad.

El consejero de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el Servicio de Inspección y de Sanciones del Departamento y ha recalcado que «la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en nuestra isla, que son la inmensa mayoría, sino también un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que queremos luchar y que queremos erradicar».

En este sentido, Rodríguez ha añadido que estas sanciones son fruto de un largo trabajo en el seno del Departamento, que ha «cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos» y que ha permitido «tal y como marcan los plazos legales» actuar de esta manera. 

Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas que marca la ley por esta cuestión varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo sanciones por valor de 40.001 euros. 

A partir de ahora, las propuestas de sanción que se impongan a quien realice esta actividad de manera ilícita serán por valor de 80.000 euros por vivienda, con el objetivo de disuadir a estas personas para que cesen en su actividad y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.